Parte de la tarde del martes la pasé impartiendo tutorías programadas a alumnado de la asignatura
Derecho Administrativo Turístico (DAT), del
Grado en Turismo de la
Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (
UMA), que se está preparando para presentarse a la segunda convocatoria ordinaria del curso 2024/2025, planificada para el mes que viene. Deseo haberles resuelto todas las preguntas planteadas. Al final de cada sesión intenté trasladar la creciente relevancia de la especialidad jurídica, cuya adaptación a estos “tiempos modernos” propicia la transmutación del acostumbrado rol de “interesado” o “administrado”, al de “protagonista” de su propia historia con la Administración Pública de turno (M. Velasco, 2023)
[1].
Y es que, tradicionalmente visto como un conjunto de normas que rigen el poder de la Administración, el Derecho Administrativo actual en mi país tiende a redefinirse como una garantía cada vez más esencial para los derechos y la participación de los individuos en sus interacciones con las Administraciones Públicas, donde la figura del "interesado" o "administrado" comienza a emerger como "protagonista", contrafuerte concluyente en la actuación administrativa, poniendo en primer plano los derechos clave que le asisten, a partir de la transformación del Estado hacia un modelo más garante e inclusivo y el siempre decisivo rol de la participación ciudadana en la legitimación democrática de las decisiones públicas.
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