Orden Administrativo en una Administración en Orden

Fuente de la imagen: esquema desarrollado en la clase de la asignatura Derecho Administrativo Turístico (DAT), de tercero del Grado en Turismo de la Facultad de Turismo de la UMA; mvc

La disciplina administrativa (M. Velasco, 2005)[1], sirve para mantener el orden y asegurar el buen funcionamiento de los sectores sujetos a regulación. Se trata de un conjunto de principios, normas y procedimientos que permiten a las administraciones públicas supervisar, corregir y sancionar las conductas que incumplen la normativa vigente, basándose en principios básicos que garantizan su legitimidad y justicia. Uno de los más importantes es el principio de legalidad, que establece que toda acción sancionadora debe estar respaldada por una norma con rango de ley. Sin este respaldo, cualquier intervención podría ser arbitraria, vulnerando derechos fundamentales y generando inseguridad jurídica. Por su parte, el principio de proporcionalidad regula que las sanciones deben ser acordes a la gravedad de la infracción, evitando castigos excesivos que puedan perjudicar la igualdad y la justicia. También, se apoya en la publicidad, que asegura que las normas, los procedimientos y las sanciones sean conocidos y accesibles para todos los interesados, lo que posibilita que los administrados puedan actuar con un conocimiento claro de las reglas, fomentando así un comportamiento que se ajuste a las obligaciones establecidas. Además, en los procedimientos sancionadores se respeta el derecho de audiencia y defensa[2].

Pero no consiste sólo en aplicar sanciones, también desempeña un papel preventivo y de promoción de buenas prácticas. En el sector turístico, por ejemplo, ayuda a evitar prácticas desleales, asegura estándares de seguridad y calidad, y promueve un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales. La existencia de un marco normativo claro y sancionador incentiva a las empresas a cumplir con sus obligaciones, mejorar la atención a los turistas y actuar con responsabilidad social. Por otra parte, la eficacia de la disciplina administrativa requiere transparencia en los procedimientos y la posibilidad de recurrir. Las resoluciones sancionadoras deben ser motivadas, publicadas y siempre recurribles, garantizando así los derechos de los afectados y la legitimidad del sistema. De este modo, la administración cumple su función de control sin caer en el abuso de poder ni en decisiones arbitrarias. Concluyendo, la disciplina administrativa en el ámbito del derecho turístico y en general en todos los sectores regulados, es una herramienta que busca equilibrar la libertad de actuación y el interés general. Es un sistema que, además de sancionar, promueve la legalidad, la seguridad y la sostenibilidad, contribuyendo a un mercado más justo, estable y confiable para todos los actores involucrados.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2007). Disciplina administrativa en el ámbito turístico. Sitio Economía Sostenible. Visitado el 29/05/2025.

[2] Otorgando a los infractores la oportunidad de conocer las acusaciones y presentar sus alegaciones antes de que se imponga cualquier sanción.