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| Fuente de la imagen: mvc archivo propio |
Mientras la caída en la venta de viviendas en la Costa del Sol (Málaga, España) provoca el cierre en cascada del 40% de los negocios de intermediación inmobiliaria
[1], a algunos políticos
[2] no les gusta la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el uno de julio, porque piensan que invade las competencias autonómicas y atenta contra el derecho a la propiedad privada. No niego que toda normativa es susceptible de mejora y ésta probablemente más aún, pero lo que no es de recibo es que en España ni siquiera una de cada diez viviendas que se construye sea protegida y basta darse un paseo por la Costa del Sol, el Levante, etc., para ver la depravación constructiva. Me temo que estamos en periodo de elecciones y da la impresión que la presunta “corrupción de viviendas, desinformación y
tierra quemada” (M. Velasco, 2006)
[3], está moviendo sus piezas para hacer naufragar una Ley que, con mejor o peor acierto, según sus promotores pretende luchar contra la especulación urbanística, ir al encuentro de la transparencia y el control del fraude y alcanzar un desarrollo más sostenible y social
[4].
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[1] Leído en Diario SUR. Visitado el 28/08/2007.
[2] Leído en varios medios digitales.
[3] Velasco-Carretero, Manuel (2006). Tierra quemada. Sitio visitado el 28/08/2007. [4] Imagen del MEC. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
