El compromiso exterior que se impone en casa

Fuente de la imagen: mvc archivo propio. Instante de la docencia de la asignatura Administración y Legislación Ambiental, del Grado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la UMA

En un mundo cada vez más conectado, los países y las organizaciones necesitan establecer reglas comunes y compromisos mutuos para colaborar en infinidad de asuntos. Estos pactos se formalizan a través de lo que conocemos como tratados internacionales, que son acuerdos de voluntades celebrados entre dos o más Estados soberanos o, incluso, con organizaciones internacionales. Pero ¿cómo afecta esto a la vida de las personas en España? La respuesta es que, una vez que estos acuerdos son válidamente celebrados y se publican oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pasan a formar parte de nuestro propio sistema legal, lo que significa que no son meras declaraciones de intenciones, sino normas de obligado cumplimiento que la ciudadanía puede invocar ante los poderes públicos y, muy especialmente, ante los juzgados y tribunales. Dentro de la estructura jerárquica de las normas, los tratados se sitúan en un nivel muy elevado, al mismo nivel que las leyes que aprueba el Parlamento, justo por debajo de la Constitución. Una de las características más singulares de los tratados internacionales es su especial fortaleza frente a otras normas internas. Aunque tengan el mismo rango que una ley, en caso de que exista un conflicto o contradicción entre un tratado y una ley nacional, el tratado prevalecerá sobre ella. Esto no significa que el tratado sea jerárquicamente superior a la ley, sino que tiene un estatus especial derivado de los compromisos que España adquiere con otros países. La razón es lógica: un tratado es un pacto con efectos tanto internos como internacionales y España se compromete a cumplirlo en el escenario global. Por ello, una ley aprobada posteriormente por el Parlamento español no puede, por sí sola, modificar o derogar lo que se ha pactado en un tratado internacional. 

Cualquier cambio debe hacerse siguiendo los procedimientos que el propio tratado establezca o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. El proceso para que España se comprometa mediante un tratado es cuidadoso y garantiza la participación de los poderes del Estado. Aunque formalmente es el Rey quien presta el consentimiento del Estado, la decisión por regla general corresponde al Gobierno. Sin embargo, para los asuntos de mayor trascendencia —como los de carácter político o militar, los que afectan a la integridad del territorio, a los derechos y deberes fundamentales, los que suponen obligaciones financieras para la hacienda pública o los que exigen modificar o crear nuevas leyes para su ejecución—, es necesaria la autorización previa de las Cortes Generales. En casos de especial relevancia, como cuando se ceden a una organización internacional competencias derivadas directamente de la Constitución (el ejemplo más claro fue la adhesión a la Unión Europea), la autorización parlamentaria debe adoptar la forma de una Ley Orgánica. Una vez completado este proceso y publicado el tratado en el BOE, éste se integra plenamente en el ordenamiento y sus efectos son vinculantes. A pesar de su enorme importancia, la Constitución sigue siendo la norma suprema del ordenamiento jurídico. Ningún tratado internacional puede contradecir sus preceptos. Para asegurar que esto se cumple, existe un mecanismo de control preventivo: antes de que España ratifique un tratado, se puede consultar al Tribunal Constitucional para que determine si existe alguna incompatibilidad con la norma fundamental. De esta manera, se garantiza la coherencia del sistema y la supremacía de la Constitución, que es el contrafuerte sobre el que se construye todo el edificio legal del país.